M\u00e9xico.- El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones econ\u00f3micas por un total de 10.3 millones de pesos a diversos candidatos ganadores en la elecci\u00f3n judicial m\u00e1s reciente, por la aparici\u00f3n de sus nombres en los llamados \u201cacordeones\u201d, documentos utilizados presuntamente para guiar el voto durante el proceso.<\/p>\n
Las multas alcanzan a los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), as\u00ed como a magistrados de otros tribunales.<\/p>\n
Entre los sancionados, las multas m\u00e1s altas corresponden a las ministras Loretta Ortiz, con 255,017 pesos, y Yasm\u00edn Esquivel, con 190,980 pesos, debido a que sus nombres figuraban tanto en versiones f\u00edsicas como digitales de estos documentos.<\/p>\n
En contraste, las sanciones m\u00e1s bajas fueron dirigidas al presidente electo de la Corte, Hugo Aguilar, y al ministro Irving Espinosa Betanzo.<\/p>\n
El INE continuar\u00e1 con la investigaci\u00f3n para determinar qui\u00e9nes distribuyeron los acordeones, incluyendo la posible participaci\u00f3n de partidos pol\u00edticos y dependencias gubernamentales.<\/p>\n
Durante la sesi\u00f3n, algunos consejeros manifestaron su desacuerdo con las sanciones, argumentando que no se ha probado con certeza el origen ni el impacto de los materiales.<\/p>\n
La consejera presidenta Guadalupe Taddei reconoci\u00f3 que, aunque se comprob\u00f3 la existencia de los acordeones, no se logr\u00f3 establecer con precisi\u00f3n su volumen ni alcance.<\/p>\n
En tanto, la consejera Carla Humphrey propuso sancionar a todos los candidatos involucrados, sin importar si fueron electos, por considerar que se vulner\u00f3 el principio de equidad en la contienda.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el INE aplic\u00f3 sanciones por un monto de 28.9 millones de pesos a candidatos a alcald\u00edas en los estados de Durango y Veracruz, tras detectar diversas irregularidades en la entrega de informes de ingresos y gastos de campa\u00f1a.<\/p>\n
Entre las faltas m\u00e1s frecuentes se encuentran la omisi\u00f3n de reportar gastos y la presentaci\u00f3n tard\u00eda de documentaci\u00f3n.<\/p>\n
La Unidad T\u00e9cnica de Fiscalizaci\u00f3n revis\u00f3 m\u00e1s de 1,300 informes como parte de un proceso para garantizar la legalidad en el uso de recursos p\u00fablicos durante las elecciones locales.<\/p>\n
En total, se aprobaron 167 procedimientos administrativos relacionados con anomal\u00edas en la fiscalizaci\u00f3n de partidos y candidaturas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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