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Endurece MORENA reforma judicial

  • Diputados morenistas con aliados del PT y el PVEM hicieron 100 modificaciones a la iniciativa.

México.- El Congreso se encuentra discutiendo la reforma al Poder Judicial que contempla la elección, mediante voto popular, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 50% de los jueces para el año 2025.

Esta propuesta, que ha sido objeto de más de 100 modificaciones desde su presentación inicial por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, la cual pretende establecer un sistema más transparente y accesible.

Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), explicó que la elección se realizará de manera escalonada. Habrá una elección extraordinaria en 2025 y otra ordinaria en 2027, coincidiendo con la elección federal.

Durante estas elecciones se definirán todos los puestos vacantes, incluidas las cesantías y prejubilaciones de jueces, con el objetivo de garantizar la paridad de género en las postulaciones.

La reforma también propone la creación de tres órganos de evaluación, uno en cada Poder de la Unión, que se encargarán de revisar los antecedentes de los candidatos y seleccionar a los finalistas.

En caso de que haya múltiples candidatos calificados para un mismo cargo, se llevará a cabo un sorteo para reducir el número de postulaciones.

Además, se implementarán dos evaluaciones para los nuevos funcionarios: una previa a su nombramiento y otra al finalizar su primer año en el cargo. Aquellos que no cumplan con las expectativas serán sometidos a sanciones y podrán ser removidos.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación entre los inversionistas, quienes temen que los cambios debiliten los contrapesos del Poder Ejecutivo y afecten el clima de negocios en el país, así como el cumplimiento de compromisos bajo el tratado comercial T-MEC.

Es importante señalar que entre los principales cambios propuestos se incluye la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9, la creación de un órgano de administración autónomo y un tribunal disciplinario, así como una reingeniería del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica para aliviar la carga del sistema penal. La discusión de esta reforma se espera que avance en las próximas semanas, una vez que inicie la nueva legislatura el 1 de septiembre.

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