En comisiones, aprueban diputados fin de los “vapers” y cigarros electrónicos

México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha dado su visto bueno a un dictamen que reforma la Constitución Política de México para prohibir la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. La votación se realizó con 34 votos a favor y dos en contra, reflejando un consenso general entre los grupos parlamentarios, salvo por la oposición de dos diputados de Movimiento Ciudadano.

El dictamen, que busca proteger la salud pública, también incluye la prohibición de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el uso ilegal del fentanilo. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal y ha sido respaldada por diversas propuestas legislativas.

Algunos legisladores expresaron su preocupación sobre las implicaciones de la prohibición. La diputada Cinthya López del PRI argumentó que regular el uso de vapeadores sería más efectivo que prohibirlos, ya que la falta de regulación podría impulsar un mercado negro. En su lugar, propuso adoptar medidas similares a las de varios estados de EUA, como restringir la venta cerca de escuelas y prohibir sabores en productos de tabaco.

El diputado Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano coincidió en que la prohibición podría generar un mercado ilegal y abogó por una regulación que garantice información adecuada y control de calidad. También se subrayó la necesidad de regular el uso de fentanilo, dado su uso legítimo en la medicina.

Por su parte, la diputada Adriana Bustamante de Morena señaló que la expansión de la industria de los vapeadores en México ha sido facilitada por administraciones anteriores y que la reforma busca corregir esta situación. Destacó que la industria genera ingresos significativos, pero que su impacto en la salud es preocupante.

El dictamen, que ahora será enviado a la Mesa Directiva para su trámite constitucional, establece un plazo de 180 días para que el Congreso armonice las leyes pertinentes y 365 días para que las legislaturas estatales realicen las adecuaciones necesarias.