por Denuncian 31 expresidentes a Nicolás Maduro, ante Corte Penal Internacional
La Haya.- Este viernes, Andrés Pastrana, exmandatario de Colombia, presentó un informe legal en representación de 30 expresidentes iberoamericanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer “violaciones sistemáticas de derechos humanos” y “crímenes de lesa humanidad”, solicitando una intervención urgente.
Entre los firmantes del documento se encuentran figuras políticas destacadas como Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe, Iván Duque, Mauricio Macri, Vicente Fox y Carlos Mesa, quienes calificaron los eventos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela como una forma de “terrorismo de Estado”.
El informe señala a Maduro como responsable de dirigir una estructura militar que perpetúa estos crímenes, incluyendo la reciente orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por sectores opositores. Acompañado por el abogado español Blas Jesús Imbroda y el exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, Pastrana subrayó la necesidad de que la CPI responsabilice a Maduro por sus actos.
El informe, de seis páginas, describe cómo Maduro, en su calidad de comandante en jefe, lidera un “Comando Estratégico Operacional” que implementa políticas de terror en Venezuela. La denuncia también se extiende a los miembros del Ejército venezolano, a quienes se les señala como pilares del régimen.
Esta acción se suma a la investigación abierta por la CPI en noviembre de 2021, a raíz de denuncias de varios países por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. La Fiscalía ha estado monitoreando la situación tras las controvertidas elecciones de julio, que no han sido reconocidas por la comunidad internacional.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró que se ha entablado un diálogo con el gobierno venezolano, enfatizando la importancia de respetar el Estado de derecho y proteger a la población de posibles violaciones.
La investigación de la CPI continúa enfocada en el régimen venezolano, aunque no ha señalado directamente a altos funcionarios específicos hasta el momento.
