Aprueban reforma a la Ley de Notariado del estado de SLP
SLP.- En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, con 25 votos a favor, una reforma integral a la Ley del Notariado, en vigor desde 2000.
La modificación actualiza las disposiciones legales para responder a las necesidades actuales en cuanto a la profesionalización de la función notarial y garantía de mayor transparencia en los procesos.
La reforma, promovida por el Ejecutivo estatal, modifica diversos artículos de la Ley del Notariado, entre ellos los requisitos para aspirar al ejercicio de la función notarial, las disposiciones de supervisión de las notarías públicas y el esquema de sanciones.
Una de las modificaciones más relevantes fue al artículo 16, que establece los requisitos para ser aspirante a notario público. Entre los cambios destacan:
1. Ser mexicano(a) con pleno ejercicio de derechos y buena conducta comprobada.
2. Tener residencia en el estado durante al menos cinco años.
3. Contar con licenciatura en derecho y cédula profesional.
4. Demostrar experiencia profesional en el campo jurídico.
Estos ajustes buscan armonizar la normativa estatal con el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fomentando la inclusión y ampliando las oportunidades para que más profesionistas accedan a este sector, siempre garantizando altos estándares éticos y técnicos.
En cuanto a la supervisión de notarías, se unificó el procedimiento de inspección y elimina la distinción entre visitas generales y especiales. Ahora habrá un solo tipo de inspección, que abarcará todos los aspectos necesarios para evaluar el desempeño notarial. Este cambio promete optimizar recursos, incrementar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en la función notarial.
El artículo 138 también fue objeto de modificaciones. Se añadieron sanciones específicas para notarios que incumplan con plazos en la entrega de instrumentos notariales o que no respondan a solicitudes ciudadanas. Estas sanciones incluyen amonestaciones por escrito y multas de entre 100 y 400 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA).
La reforma enfatiza que las sanciones no solo son coercitivas, sino que refuerzan la certeza jurídica para los ciudadanos, promoviendo el cumplimiento ágil de las obligaciones notariales.
Afirman que este paso legislativo marca un avance hacia la modernización de una normativa que, tras más de dos décadas de vigencia, requería adaptarse a los retos contemporáneos de un estado en transformación.
Por: José Luis Väzquez
