CdMx.- México enfrenta una multitud de desafíos en materia de Derechos Humanos y de seguridad, mismos que se han visto agravados como resultado de la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Además, es necesario reconocer que existen causas estructurales de esta situación, así como obstáculos claros que no permiten avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos; entre ellas, se encuentra la discriminación, entendida como la acción concreta de negar ese principio básico de igualdad, gracias al cual se establece que todas las personas deben tener los mismos derechos y también las mismas posibilidades de desarrollo.
Ante este fenómeno de la discriminación en el país, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación crea en 2003, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), quien a partir de ese momento ha realizado un importante trabajo de visibilización de las poblaciones en mayor contexto de vulnerabilidad y han promovido diferentes iniciativas para su atención, así como una labor fundamental en beneficio de estos grupos, quienes, en muchos casos, como por ejemplo las personas trabajadoras del hogar, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, o las personas migrantes y sujetas de protección internacional, no habían encontrado eco en sus necesidades y mucho menos en sus demandas y propuestas.
A 10 años de la creación del CONAPRED, y en situación similar, encontramos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), conformada a raíz de la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, y ambas producto de una fuerte lucha por parte de las víctimas,
sus familiares y organizaciones de la sociedad civil por la creación de una política nacional de atención y acompañamiento en la materia.
La importancia de la CEAV reside en su papel como órgano que pone en el centro de su trabajo a las víctimas, procurando su cuidado desde las medidas de atención inmediatas hasta la reparación integral del daño, atendiendo así aspectos médicos, psicológicos y sociales, y no solo la reparación pecuniaria. Además, de su fundamental trabajo en la búsqueda de garantías de no repetición, acceso a la justicia y a conocer la verdad.
Ambas instituciones, han nacido por y para las personas, por y para esos grupos poblaciones que han sido víctimas históricas de violaciones a derechos humanos, por lo que su trabajo ha permitido contar con información de primera mano sobre las causas estructurales de la violencia y de la violación a los derechos humanos, su cercanía con la gente y su conocimiento sobre los factores que las colocan en mayor contexto de vulnerabilidad, les han permitido ser articuladoras y facilitadoras del diálogo entre las autoridades y la sociedad, así como promotoras de diversas políticas y acciones que fortalecen el enfoque de derechos humanos en los marcos normativos, políticas públicas y sobre todo en la práctica diaria.
Como muestra de las capacidades de diálogo y articulación del CONAPRED, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el valor del Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el CONAPRED firmado en 2018, con el cual se realizó un importante intercambio de información en relación con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en su lucha contra la discriminación. Así mismo, el Sistema de Naciones Unidas en México considera como una relación fructífera y de impacto positivo en las poblaciones más vulnerables del país la relación que se ha establecido conjuntamente con instituciones como la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, ACNUR y UNESCO.
Instituciones como el CONAPRED y la CEAV han constituido un apoyo muy importante en la obligación de protección de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos que el Estado debe garantizar, impulsando y acompañando la creación de marcos normativos estatales y la creación
de instituciones similares, logrando que 18 estados cuenten con una instancia especializada de atención a la discriminación y que 23 cuenten con Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas.
La Reforma en materia de derechos humanos realizada en 2011 ha buscado fortalecer esta protección, y ha dado mayor pauta para que la defensa de los derechos de las personas no se realice únicamente a través de los medios jurisdiccionales, en los cuales muchas veces las víctimas están más expuestas y vulnerables por diferentes motivos como el desconocimiento del marco jurídico; el costo de abogados; que las partes actúan para vencer; entre otros, así como por los altos índices de corrupción e impunidad que, desafortunadamente, también predominan en este sistema.
Instituciones como CONAPRED, CEAV y sus pares a nivel local, han cumplido con una invaluable labor de difusión, capacitación y protección de los derechos humanos a lo largo de todo el país, así como brindando orientación y asesoría a las víctimas en aquellos casos en que se presume existe una violación a estos derechos por parte de las autoridades o de las y los servidores públicos, así como en actos de discriminación atribuidos a particulares, en el caso del CONAPRED.
De igual manera, estas instituciones, de la mano de las propias víctimas, sus familiares y de la sociedad civil, han sido un medio efectivo para lograr la justiciabilidad de los derechos, al tener como fin último, la protección de las personas frente a las acciones u omisiones del Estado que vulneran esos derechos.
Bajo este contexto, por ejemplo, el combate a la pobreza y la lucha por un México más igualitario solo puede ser alcanzando mediante una línea de trabajo conjunto, un trabajo interinstitucional pero también intersectorial, dando voz y acompañamiento a las víctimas, bajo el enfoque que dichos organismos tienen.
Lograr una efectiva interiorización de los derechos humanos, como se lo ha planteado esta administración, solo será posible si las instituciones de todos los niveles de gobierno son efectivas y cuentan con el apoyo para su actuar diario. Para ello, es indispensable el fortalecimiento de organismos como CONAPRED, CEAV y las 41 instituciones estatales que atienden estos temas, así como tomar en cuenta las lecciones aprendidas
y las propuestas que éstas y otras instituciones han realizado a lo largo de varias décadas, reconociendo su trabajo y valiosa experiencia.
En se sentido, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos expresa su reconocimiento y agradecimiento a CONAPRED y CEAV por el trabajo conjunto que a lo largo de sus años de existencia han realizado con ella, así como con las y los organismos públicos de derechos humanos que la conformamos.
Instamos a las autoridades a reconocer la importancia del CONAPRED, la CEAV y las instancias del ámbito estatal en materia de discriminación y atención a víctimas, como instituciones clave en la lucha por los derechos humanos y en el trabajo por alcanzar una sociedad más igualitaria, pacífica y con una vida digna, así como la responsabilidad compartida que el gobierno y la sociedad tienen por seguirlas fortaleciendo y emprender un trabajo articulado que permita unir esfuerzos y robustecer las capacidades para enfrentar los retos que la agenda de derechos humanos plantea en nuestro país.
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.