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Mónica Rangel se deslinda de presunto fraude.

SLP.- En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, comentó que los señalamientos que la relacionan con Gabriel Alan Salazar Soto, presidente de una serie de empresas que afectó por un presunto fraude a alrededor de 850 socios inversionistas, se tratan solamente de un distractor.

Aclaró que tras una búsqueda de información, no se encontró ningún contrato formalizado entre la Secretaría de Salud y las empresas Scoltta, Proshine, Infine o Invercop Capital Financial, que han sido señaladas y denunciadas por este delito.

“Una vez realizada una revisión puntual del período 2015 al 2020, se encontró primero que Gabriel Alan Salazar Soto nunca ha tenido relación laboral con los servicios de salud de San Luis Potosí, es decir, nunca se ha desempeñado como trabajador de esta dependencia”, dijo.

Luego agregó: “no se encontró ningún contrato formalizado con las empresas Scoltta y Proshine; además también se buscó una relación contractual con Infinite y/o Invercop Capital Finantial Qué son las empresas que han sido señaladas en donde se ha dañado el patrimonio de diferentes familias de la entidad Potosina”.

Por otra parte, reconoció que en el periodo 2017-2018 se encontraron mil 297 contratos celebrados por la dependencia, de los cuales en 17 de ellos interviene Salazar Soto como proveedor o apoderado legal.

“Menos del 1.3% de estos fueron asignados a este proveedor de la totalidad de los contratos que se realizan por esta dependencia, quiero comentar que de este periodo y del total ejercido en los dos años en dónde se encontró la contratación de la persona moral o física relacionadas con la persona de referencia, se ejercieron un total de 7 mil 443 millones de pesos en donde sólo el punto .9% fue contratada esta persona o a una empresa que representa”, explicó.

En total se contabilizan 5 contratos a nombre de Gabriel Alan Salazar Soto: 4 en 2017 y una en 2018; los 12 contratos restantes se formalizaron con personas morales donde dicha persona participó en la suscripción de los compromisos en carácter de apoderado o representante legal: cinco en 2017 y 7 en 2018; todos, asegura, están formalizados y cuentan con fianza de cumplimiento.

La doctora puntualizó que el conflicto que se dio a conocer a través de diversos de comunicación corresponde a un asunto estrictamente entre particulares donde ella ni la Secretaría de Salud tienen injerencia.

“Lamento enormemente la situación que están pasando las familias que fueron dañadas pero también lamento que desconociendo los motivos por los cuales quieren vincularme hacia ese tipo de cuestiones quieran distraerme, eso no es así, tengo muy claro los objetivos marcados y es atender a la población en este momento, esta es la prioridad como médica, como persona  que tengo, sobretodo porque es lo que se me ha encargado”, finalizó.

Por: José Luis Vázquez

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