SLP.- Por la tarde de este viernes, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
De acuerdo con el mandatario estatal, Juan Manuel Carreras López, con dicha unidad se busca combatir los distintos actos de corrupción y la delincuencia organizada que se presentan en la entidad; la misma estará a cargo de Héctor de la Fuente.
«Es algo verdaderamente importante y trascendente en el marco de lo que es ver hacia el futuro y poder combatir de manera mucho más efectiva fundamentalmente acciones delincuenciales que en general tienen una expresión en el lavado de dinero, en el uso de recursos ilícitos o de corrupción, al final del día son muchas actividades delincuenciales que muy probablemente a través de trabajo que se puede realizar en estas oficinas es como sd puede realmente comprobar y tener la certeza de que hay personas que se están dedicando hacer actividades ilícitas y delincuenciales de distinto tipo», explicó.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, mencionó que el convenio constará de generar grupos de trabajo, el intercambio de información y de mecánicas de desarrollo informático.
«Creemos que proporcionar información a las fiscalías permitirá la judicialización más rápida de las carpetas de investigación y con ello cumplir con los estándares Internacionales… Tenemos un compromiso firme, en caso de que tengamos solicitudes, para congelar las cuentas de personas físicas y morales que se encuentran relacionadas con grupos delictivos en San Luis Potosí», explicó.
El funcionario federal señaló que las 32 entidades federativas contarán con su propia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica; esto obedece al informe del 2018 emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el que se indicaba que México tenía que aumentar la capacidad de contar con sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero y el decomiso de bienes e instrumentos del delito.
Las autoridades presentes concordaron en que la mejor forma de combatir a los grupos de delincuencia organizada es a través de la reducción de su capacidad operativa por lo que con la creación de las mencionadas unidades se atacarán sus estructuras financieras y la corrupción política, policial, judicial y ministerial que les generan un halo de protección.
Por: José Luis Vázquez