SLP.- En conferencia de prensa, organizaciones ciudadanas dieron lectura a un documento donde señalan que la Auditoría Superior del Estado confirmó irregularidades cometidas por once de los 27 diputados de la pasada Legislatura que desviaron recursos por once millones 358 mil 436 pesos.
Hubo simulación de ayudas sociales y las operaciones se hicieron con empresas fantasmas.
En conferencia de prensa, Manuel Nava Calvillo, del Frente Ciudadano Anticorrupción explicó que las irregularidades denunciadas en su momento corresponden a transacciones con proveedores por parte del Congreso del Estado, en el periodo del 14 de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2017.
Las observaciones de la ASE se desglosan de la siguiente forma: 3 millones 291 mil 716 pesos por pago a proveedores no localizados en 2017; 3 Millones 40 mil 131 pesos por apoyos reportados como no recibidos por los beneficiarios.
Además de 2 millones 145 mil 034.74 pesos por operaciones con el Sistema de Comercialización Nava S.A. de C.V., reportada por el SAT como emisores fiscales sobre operaciones simuladas (EFOS).
, un millón 837 mil 695.09 pesos por proveedores no localizados; 976 mil 306 pesos por comprobantes cancelados de la proveedora Adriana Angélica Peredo Gómez; 54 mil 143 pesos por operaciones con sistema comercial 377 S.A. de C.V., reportada por el SAT en la relación EFOS; y 13 mil 400 pesos por pago duplicado a Consultoría de Excelencia Empresarial.
Y finalmente, 3 millones 040 mil 141.61 pesos por apoyo reportados como no recibidos por los beneficiarios.
Denunció que los implicados son: los priistas José Luis Romero Calzada, Oscar Bautista Villegas, Martha Orta Rodríguez, Esther Angélica Martínez y Rebeca Terán Guevara; los panistas Mariano Niño Martínez, Josefina Salazar Báez, Jorge Díaz Salinas, Citlalli Sánchez Servín y Enrique Flores Flores; y los perredistas Dulcelina Sanchez de Lira, Sergio Desfassiux Cabello, Graciela Gaitán Díaz y José Guadalupe Torres Sánchez.
Asimismo, Ricardo García Melo del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí.
Guadalupe González de la organización Ciudadanos observando, exigió al Congreso del Estado, a la Comisión de Vigilancia y a la ASE, inhabilitar a los ex legisladores para evitar que la impunidad «de la que gozan sus antecesores se prolongue».
Por: José Luis Juárez