Washington.- La organizaci\u00f3n Human Rights Watch (HRW) llam\u00f3 a los gobiernos de Latinoam\u00e9rica, Canad\u00e1, Estados Unidos y Europa a que impongan sanciones contra los funcionarios nicarag\u00fcenses implicados en graves violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n
En su informe titulado “Brutal represi\u00f3n: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”, HRW document\u00f3 la situaci\u00f3n de las personas detenidas por la polic\u00eda o grupo armados afines a las autoridades durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018.<\/p>\n
Indic\u00f3 que muchos de los detenidos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. A heridos se les habr\u00eda negado atenci\u00f3n m\u00e9dica y varios galenos que brindaron atenci\u00f3n afirmaron haber sufrido represalias.<\/p>\n
Numerosos detenidos han sido procesados, en algunos casos por delitos violentos graves, derivado de su participaci\u00f3n en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno, incluso antes de la represi\u00f3n.<\/p>\n
Estos procesamientos estuvieron plagados de graves violaciones a las garant\u00edas de debido proceso y otros derechos fundamentales, como la detenci\u00f3n en condiciones de incomunicaci\u00f3n o los juicios a puertas cerradas, de acuerdo con el informe de Human Rights Watch publicado en su p\u00e1gina web.<\/p>\n
El gobierno tambi\u00e9n allan\u00f3 las oficinas de medios de prensa independientes, present\u00f3 denuncias penales contra dos periodistas, cancel\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica de nueve organizaciones no gubernamentales y expuls\u00f3 del pa\u00eds a periodistas extranjeros y observadores internacionales de derechos humanos, agreg\u00f3.<\/p>\n
El director para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch, Jos\u00e9 Miguel Vivanco, asever\u00f3 que el presidente nicarag\u00fcense Daniel Ortega no ha mostrado el menor inter\u00e9s en que las v\u00edctimas de la represi\u00f3n policial y paramilitar durante las protestas de 2018 reciban justicia.<\/p>\n
El informe, de 107 p\u00e1ginas, se realiz\u00f3 con base en investigaciones en Nicaragua y Costa Rica, un an\u00e1lisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes gubernamentales, as\u00ed como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotograf\u00edas, grabaciones de video e informes m\u00e9dicos.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n humanitaria entrevist\u00f3 a 75 personas, incluidas v\u00edctimas y sus familiares, testigos, abogados defensores, profesionales m\u00e9dicos y representantes de organizaciones internacionales.<\/p>\n
Concluy\u00f3 que los polic\u00edas y bandas armadas partidarias del gobierno infligieron graves abusos a los detenidos, que en algunos casos constituyeron torturas.<\/p>\n
En abril de 2018, miles de nicarag\u00fcenses salieron a las calles a protestar contra las reformas a la previsi\u00f3n social, que derivaron en manifestaciones antigubernamentales.<\/p>\n
Seg\u00fan organismos humanitarios, la represi\u00f3n contra los manifestantes dej\u00f3 un saldo de m\u00e1s de 300 muertos y m\u00e1s de dos mil heridos, as\u00ed como unas 800 personas detenidas.<\/p>\n
En marzo de 2019, el gobierno de Ortega acept\u00f3 liberar, dentro de los siguientes 90 d\u00edas, -plazo que se cumpli\u00f3 la v\u00edspera- a quienes hubieran sido detenidos en el contexto de las protestas y a desistir de los cargos contra ellos.<\/p>\n
Hasta el pasado 10 de junio, 392 personas hab\u00edan sido excarceladas, pero muchas est\u00e1n bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y persisten los cargos en su contra.<\/p>\n
A otros se les aplic\u00f3 una ley de amnist\u00eda aprobada dos d\u00edas antes para delitos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno.<\/p>\n
Sin embargo, para HRW existe el riesgo de que la ley se utilice para consolidar la impunidad de la que ya gozan los responsables de graves abusos ocurridos en el pa\u00eds.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que entre los funcionarios que tienen responsabilidad por grav\u00edsimas violaciones a los derechos humanos y deber\u00edan ser objeto de sanciones individuales, como la prohibici\u00f3n de ingreso a otros pa\u00edses y el congelamiento de activos, son el presidente Ortega, y la exdirectora de la Polic\u00eda Nacional, la general retirada Aminta Granera.<\/p>\n
Tambi\u00e9n mencion\u00f3 al actual director de la Polic\u00eda Nacional, general Francisco D\u00edaz; el subidrector e inspector general de la corporaci\u00f3n, el general Ram\u00f3n Avell\u00e1n, y el general Jaime Vanegas, en forma respectiva; el jefe de la c\u00e1rcel El Chipote, general Luis P\u00e9rez Olivas, y el jefe de la Direcci\u00f3n de Operaciones Especiales (DOEP), general Justo Pastor Urbina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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