- Barcelona registra el miércoles la peor jornada de violencia en las movilizaciones independentistas
España.- Unas 350 personas lesionadas, entre civiles y agentes policiales, han dejado las protesta reportadas entre el lunes y el miércoles contra la sentencia de líderes independentistas, informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con datos del Comité de Seguimiento de la situación en Cataluña.
Barcelona, capital de Cataluña, vivió anoche la peor jornada de violencia en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo español que el lunes pasado condenó a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 de prisión por organizar una consulta de ese tipo el 1 de octubre de 2017, declarada inconstitucional.
En los enfrentamientos del miércoles fueron detenidas 46 personas, con lo que ascendió a 97 el número de aprehendidos, añadió Grande-Marlaska tras participar este jueves en una reunión encabezada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la que también asistió la vicepresidenta, Carmen Calvo.
Hasta el momento, la cifra de elementos de seguridad púbica lesionados llegó a 194, en tanto que los servicios de emergencia de Cataluña informaron que, entre el 14 y el 16 de octubre, prestaron atención médica a 352 personas por lesiones, de acuerdo a un despacho informativo del sitio digital actualidad.rt.com.
Grande-Marlaska indicó que en solo dos días se reportaron 440 incendios de contenedores los cuales dejaron daños materiales por cuantificar, aunque calculó que tan solo la jornada de manifestaciones del martes en Barcelona causó daños materiales estimados en 627 mil euros.
«Se están viviendo episodios de gran violencia en Cataluña, protagonizados por grupos minoritarios, pero perfectamente organizados que están alterando gravemente el orden público», sostuvo el ministro del interior al advertir que «se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas, porque no habrá impunidad».
A los incidentes nocturnos se suman cortes de calles, carreteras y vías férreas todos los días; grupos extremistas bloquearon los accesos al aeropuerto de Barcelona el lunes pasado.
La capital de Cataluña es, con diferencia, donde los disturbios se suceden con más virulencia; por la noche, los radicales levantan decenas de barricadas con hogueras y atacan a las fuerzas de seguridad al término de las manifestaciones, con el resultado de grandes destrozos urbanos y decenas de detenidos y heridos cada jornada.
El miércoles fueron quemados varios automóviles y cientos de contenedores de plástico, lo que dejó grandes humaredas, y los exaltados llegaron a lanzar pirotecnia contra un helicóptero policial, así como bombas incendiarias y ácido contra los agentes.
La policía regional (Mossos d’Esquadra), la encargada del orden público en Cataluña, trata de contener a los radicales con el apoyo de otras fuerzas de seguridad enviadas por el Gobierno central.
Este jueves, miles de alumnos universitarios y de educación secundaria se manifiestan en la capital catalana a favor de la «república», convocados por organizaciones estudiantiles independentistas y de izquierda.
También piden la dimisión de todo el gobierno regional por la «brutalidad generalizada» con que, a su juicio, se reprimen las manifestaciones.
Mientras tanto, prosiguen las denominadas «marchas por la libertad», que discurren a pie por carretera para concentrarse en Barcelona mañana, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña.
En este ambiente, el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recibió duras críticas del Gobierno español y de partidos no independentistas por su ambigüedad y tardanza en condenar los episodios violentos y apoyar a la policía. Y también reproches de sectores secesionistas por la actuación policial.
Liberales, conservadores y socialistas, entre otros opositores catalanes, pidieron hoy a Torra que dimita pero antes convoque elecciones regionales anticipadas, en el transcurso de un pleno especial del Parlamento autónomo.
Ante el Parlamento catalán, Torra se defendió hoy asegurando que «rechaza y condena todas las violencias» y apuesta por la «vía pacífica» para alcanzar la independencia.
Dijo que hay que «investigar hasta el fondo» para saber quién hay detrás de los incidentes; pidió hacer «autocrítica» por la actuación de la policía regional catalana y reclamó que nadie criminalice la «desobediencia civil».
El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, atribuyó la violencia a grupos «antisistema» al margen del independentismo.
Al calor de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente catalán anunció que habrá que «volver a poner urnas para la autodeterminación», algo que pretende hacer «esta legislatura», que acaba en 2021.