- En esos años se ejercieron con discrecionalidad 616 mil 760 millones de pesos
México.- La Cámara de Diputados rechazó las Cuentas Públicas del 2015 y 2017 pues se ejercieron de manera discrecional, en esos dos años de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, 616 mil 760 millones de pesos.
Con la decisión tomada por el pleno este miércoles, en los hechos se ha «reprobado» el ejercicio del gasto durante el gobierno de Peña Nieto durante los años 2015, 2016 y 2017, pues el año pasado también fue rechazada la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.
De acuerdo al documento en 2015 y 2017 los programas gubernamentales tuvieron sólo un impacto «marginal» en la sociedad, hubo irregularidades «graves y recurrentes» en el uso de los recursos y se incumplieron los objetivos de la política del gasto.
La Cámara de Diputados ejerce su facultad exclusiva de control financiero del gasto mediante la revisión y eventual aprobación de la Cuenta Pública.
En el caso de las correspondientes al tercero y quinto año de Peña Nieto se determinó que en 2017 se ejercieron de forma discrecional 394 mil 190 millones de pesos y en 2015 un total de 222 mil 570 millones de pesos. Así ambos años sumaron 616 mil millones de pesos.
Dado que no se suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se le instruyó para que continúe el procedimiento jurídico de probables responsabilidades administrativas para en su caso sancionarlas.
El Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, en sentido negativo, fue avalado por 330 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones. El decreto correspondiente a 2015 —para rechazar la Cuenta de ese año— se aprobó con 334 votos a favor, 35 en contra y 15 abstenciones.
La decisión se tomó con los votos de todos los partidos, menos del PRI. Ambos fueron remitidos a la ASF y al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
En el caso de 2017 se estableció que la deuda bruta total se incrementó con relación al año previo; fue de 7 billones 722 mil 185.1 millones de pesos, «274 mil 221.7 millones de pesos superior al informado un año antes». Además se corroboró que «con corte a mayo, existe un monto de 80 mil 577 millones de pesos que requiere ser recuperado o aclarado por la totalidad de los entes públicos fiscalizados».
Pero ese año el mayor número de irregularidades se concentró en el gasto federalizado y la mayoría de las observaciones se ubicaron en Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas, «con fallas reiteradas en los ramos 23 (Provisiones salariales y económicas), 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) y 33 (Aportaciones a estado y municipios), especialmente en la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad».
En el Decreto de la Cuenta Pública 2015, se estableció que el Ejecutivo «ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 222 mil 570.0 millones de pesos» y la deuda bruta reportada al final de ese año fiscal quedó en 5 billones 074 mil millones de pesos, «esto es, 527 mil 403.5 millones de pesos superior al informado un año antes».
También se señaló que «de forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33, siendo la falla más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad».
A esa anomalía se sumó que en 2015 no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar «de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios». Otra razón para rechazar la Cuenta Pública fue que el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) establecida en 3.7% pero sólo fue de 2.5% del PIB.
En el documento se expone que resultado de la revisión de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo 6 mil 491 observaciones que dieron lugar a 9 mil 472 acciones, «sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios».