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Reforma constitucional brindará garantías de paridad en cargos públicos

SLP.- La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Sonia Mendoza Díaz aseguró que el Congreso del Estado dará un gran paso en materia de garantías de igualdad y paridad, aprobando las reformas a la Constitución Política del Estado, para que las mujeres accedan a cargos en la administración pública y en puestos de elección popular.

Aunque ya se han dado grandes avances en esta materia tanto en el ámbito federal como en el local, es importante que se apruebe el dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Igualdad y Género y Justicia, para reformar el artículo 36 en su párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Dijo la diputada que de esta manera habrá paridad en todo el Poder Ejecutivo, el Judicial y también en los ayuntamientos, por lo que “espero que las mujeres nos preparemos y capacitemos para enfrentar el reto de ir a los espacios públicos con voluntad y fuerza, respondiendo a las exigencias de la sociedad”.

Afirmó que hay condiciones para que ello ocurra, “hay mujeres que pueden ser postuladas a cualquier cargo y designadas en secretarías de Estado, ya que no queremos que al sector considerado vulnerable se le envíe a los puestos no remunerados, queremos que perciban salarios dignos en igualdad de circunstancias”.

En la exposición de motivos se establece que “el Poder Judicial se integra por dieciséis magistraturas, de las cuales, si bien 9 son mujeres y 7 hombres, lo anterior, no se ve reflejado en jueces auxiliares donde 58 son hombres y 3 son mujeres; o bien en jueces de primera instancia, donde 24 son hombres y 7 son mujeres; en el caso de jueces mixtos, de los 9 nombramientos todos son hombres; en el caso de jueces menores, 4 son hombres y 1 mujer; y finalmente en jueces de control y tribunales orales, son 9 hombres y 4 mujeres”.

“La lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres ha sido ardua, pero alcanzar esa igualdad no se reduce al plano jurídico de reconocimiento formal de condiciones iguales, sino a la eliminación de las barreras sociales, económicas, culturales y políticas que le han impedido a la mujer alcanzar esa igualdad”.

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