México.- En 2017, el cadáver de Vanessa, estudiante de bachillerato de 16 años de edad, fue encontrado con huellas de violencia en un camino de terracería del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, y aunque era originaria de la comunidad de Xicontla, en esa entidad, nunca se registró si se trató de una mujer indígena.
Esa situación se repite cientos de veces, pues mientras las comunidades indígenas reportan cada vez a más mujeres desaparecidas, violentadas, asesinadas o víctimas de trata, hasta ahora no existen registros que hagan una distinción sobre ese sector, pues algunos de los problemas es que las autoridades y los medios de comunicación invisibilizan el tema.
El caso de Vanessa, así como muchos otros, se encuentra en la página Alerta Comunitaria de Género en Facebook, un espacio que las propias organizaciones han decidido abrir para discernir entre los feminicidios de las zonas urbanas y la comunidad indígena, a fin de mantener un reporte que les permita llevar datos a quienes toman decisiones y se puedan generar políticas públicas.
«La mayoría de las notas rojas suceden en los municipios indígenas en Chiapas, el Estado de México o en Michoacán, de donde yo soy originaria, pero sólo dicen ‘mujer es encontrada muerta o apuñalada’, pero no dicen si es de una comunidad indígena o si es migrante», explicó Patricia Torres, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami).
Abundó que en dicha agrupación -que convoca a decenas de organizaciones en la República Mexicana- existe una comisión en donde se trabaja la violencia comunitaria de género, para intentar sensibilizar a gobiernos y encontrar datos de feminicidio.
Patricia Torres reveló que entre sus herramientas mantiene desde 2013 la cuenta de Facebook, donde han reportado casos de niñas indígenas entre dos y cuatro años de edad, hasta adolescentes que han sido asesinadas por abusadores sexuales.
«Existen en las fiscalías datos de manera general de cuántas mujeres son asesinadas violentamente, pero en muchas de las ocasiones no manejan las edades y mucho menos si eran indígenas», lo que trae como consecuencia que no exista una política pública enfocada para prevenir la violencia de esas comunidades.
Consternada también, la excoordinadora nacional de la Conami, Fabiola del Jurado Mendoza, expuso que los casos de feminicidios han sido reportados en regiones de Morelos, Oaxaca y Quintana Roo, por lo que urgió a que los observatorios de violencia contra las féminas consideren la perspectiva étnica.
«Muchas de las mujeres asesinadas en Juárez seguramente eran indígenas porque hay mucha migración de las comunidades, pero nunca hubo registro», dijo a Notimex.
La psicóloga abundó que por ello organizaron la propuesta de Emergencia Comunitaria de Género que constaba de la creación de una red social para visibilizar la problemática, capacitación y difusión de los derechos de ese sector y talleres de defensa personal.
Sin embargo reveló que por el «estigma que conllevaba» y el que no hubiera mujeres que lo practicaran, ha dificultado llevar cursos de defensa personal a las comunidades, lo que impide también que las féminas aprendan a defenderse de los agresores.
En tanto, Fátima Gamboa, de la Red de Abogadas Indígenas y de EQUIS Justicia para las Mujeres, sostuvo que la justicia estatal es inaccesible y lejana «con procedimientos sumamente largos y absurdos a la lógica de todo el mundo, además de una justicia que no está en tu idioma».
La maestra en derechos humanos indicó que tras realizar 160 entrevistas en cinco municipios mayas de Yucatán, «el resultado fue que ninguna conocía ni qué era, ni para qué servían los centros de justicia; tampoco conocían qué era el Poder Judicial, ni siquiera lo que hacía y mucho menos qué era la defensoría pública».
Ello, añadió, recae en que además de las agresiones de las que son víctimas las mujeres indígenas no logran salir de esos círculos y tampoco alcanzan la protección del Estado ante la invisibilización de éste para llevar también acciones de promoción de sus derechos.
«No es que las mujeres indígenas desconozcan sus derechos por ser indígenas, sino porque existe una exclusión del Estado, porque no se ha preocupado por tener un acercamiento y una política efectiva para llegar hasta estas poblaciones de incluirlas en los discursos políticos», finalizó Gamboa.