México.- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación que el gobierno mexicano haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a la frontera sur seis mil elementos de la Guardia Nacional como contención a los flujos migratorios en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Ello, a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano, sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.
En un pronunciamiento, reconoció que desde finales del año pasado y lo que va de 2019, se han incrementado en México de manera importante los flujos migratorios de diferentes nacionalidades, llegando a cifras que han rebasado las capacidades de las autoridades migratorias.
Refirió que ello ha dificultado transitar a una migración segura, ordenada y regular, como lo establece el Pacto Mundial suscrito por los países miembros, incluido México, en Marruecos el 10 de diciembre de 2018 y adoptado después por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante la decisión del gobierno mexicano de recibir más número de personas centroamericanas solicitantes de asilo en Estados Unidos de América, en tanto son recibidos por un juez de ese país, expuso que es necesario crear una política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y asistencia humanitaria.
Además dando respuesta no sólo a personas extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados al país y que requieren de asistencia para reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas del migrante que en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas retornadas.
Coincidió en que se hace necesario crear mecanismos de desarrollo que den respuesta a la problemática migratoria en sus orígenes y de manera regional.
Agregó que debe darse con acciones en las diversas naciones centroamericanas y en el sur del país tendientes a evitar la migración forzada, teniendo como eje principal en las mismas la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos humanos.
Llamó al gobierno mexicano para que la política migratoria sea guiada por los principios de igualdad y no discriminación. “El respeto a los derechos humanos que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y transitan por nuestro país”.
Advirtió que la dignidad de la persona y la solidaridad internacional son principios fundamentales que se deben incluir en la conformación de la nueva política pública migratoria que tienda a cumplir con los objetivos de lograr una migración ordenada, segura y regular en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos.