Tegucigalpa.- La organización Amnistía Internacional (AI) calificó como «preocupante» el número de víctimas en Honduras por el «excesivo uso de la fuerza» de los militares en las manifestaciones que se han registrado de marzo a la fecha contra el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
El gobierno de Hernández ha emprendido una política de represión en contra de quienes protestan en las calles exigiendo su renuncia y la rendición de cuentas de las autoridades, indicó la directora para las América de AI, Erika Guevara Rosas, en un informe publicado en la página web del organismo humanitario.
De acuerdo con Guevara Rosas, el mensaje del presidente hondureño es claro: pedir su renuncia y exigir un cambio puede pagarse muy caro.
Al menos seis personas han fallecido durante las protestas y decenas han resultado heridas, en muchas ocasiones por disparos de armas de fuego a manos de las fuerzas de seguridad, desde que iniciaron las protestas contra el gobierno.
De acuerdo con una investigación de AI, las fuerzas de seguridad han usado armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma provocando lesiones en decenas de personas.
De las seis personas que han perdido la vida, cuatro fue a consecuencia de heridas provocadas por armas de fuego.
De acuerdo con la organización no gubernamental Comité por la Libre Expresión (C-Libre), del 4 de marzo al 25 de junio pasado se registraron 346 protestas en el país contra las leyes para la transformación de los sistemas nacionales de educación y salud.
Los gremios magisteriales y de médicos -que cuentan con 60 mil y 10 mil miembros de forma respectiva- han realizado manifestaciones y bloqueos de vías en distintas regiones del país en reclamo de la salida del mandatario, y de la derogación de las dos leyes al asegurar que privatizan los servicios de esos sectores.
A pesar de que estas leyes fueron derogadas el 2 de junio pasado, los grupos inconformes han continuado exigiendo la renuncia del presidente.
En su reporte, AI documentó ocho casos de uso excesivo de la fuerza, entre ellos el de Eblin Noel Coreña, de 17 años, quien fue ejecutado a manos del ejército el 20 de junio pasado; un día antes, Erick Peralta, de 37 años, también murió luego que militares le dispararon.
La organización también mencionó el ingreso, el 24 de junio, de elementos de la Policía Militar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde dispararon contra decenas de personas que se estaban manifestando en el área de acceso.
El gobierno de Hernández justificó el accionar de la policía militar en la UNAH al asegurar que se intentaba rescatar a un oficial que era retenido por los estudiantes, así como por el empleo de bombas molotov y otros artefactos lanzados en contra de las fuerzas del orden.
De acuerdo con Guevara Rosas, «el sistema de justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la justicia».
Indicó que de los ocho casos mencionados en el reporte, en dos de ellos las familias no presentaron denuncias por temor a las represalias.
En los otros seis casos, a pesar de haber denunciado, los afectados desconfían de la imparcialidad y eficiencia del Ministerio Público.
AI reiteró además su condena por la estigmatización, hostigamiento y agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos y hace un llamado a garantizar su protección.
Recordó que el 20 de junio pasado condenó la decisión del Consejo Nacional de Seguridad de desplegar las fuerzas armadas, la policía e inteligencia en respuesta a las protestas.
Consideró que el Estado de Honduras debe garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública e implementar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional.
El presidente Hernández tiene que mostrar de forma urgente que está dispuesto a poner todos los medios a su alcance para frenar la represión letal, de lo contrario habrá razones para responsabilizarlo de las muertes y violaciones a la integridad de las personas que ejercen su derecho a manifestarse, sostuvo AI.