Oposición llama a la desobediencia civil en Sudán
Jartum.- La oposición en Sudán llamó a la «desobediencia civil» a partir de este domingo para protestar por la violenta represión que sufrieron los manifestantes esta semana.
La Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), el principal grupo opositor, señaló que «la verdadera desobediencia (civil) empezará a partir de este domingo y solo se terminará cuando se anuncie un gobierno civil», destacó la Deutsche Welle.
El llamado se presenta luego de que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, llegó a Sudán para mediar en la crisis política entre los militares que ejercen el poder y la oposición, en medio de un llamado de la ONU para el envío inmediato de expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en el país africano.
La mediación de Ahmed se da también luego de que la Unión Africana anunció la suspensión de Sudán de todas las actividades de esta organización, hasta que se establezca una autoridad de transición a cargo de civiles y se resuelva la crisis política que vive el país.
Sudán reportó enfrentamientos esta semana en los campamentos de manifestantes, asentados desde hace unos meses en la ciudad capital, Jartum, donde cifras preliminares reportan entre 61 y 100 personas fallecidas.
Ante estos disturbios, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) propuso el despliegue inmediato de un equipo de monitoreo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas desde el 3 de junio.
Los manifestantes exigen a los generales que entreguen el poder a una autoridad civil, luego de que fuera derrocado el presidente Omar al Bashir a manos del Ejército.
Sudán vivió un golpe militar el 11 de abril, que puso fin a los 30 años del gobierno del presidente Omar al Bashir y siguió a varios meses de protestas con decenas de muertos y centenares de heridos.
El Ejército formó un consejo militar transitorio que asumió el poder y prometió traspasarlo en dos años a las nuevas autoridades elegidas.
