SLP.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, anunció un convenio de colaboración con la firma “Data Legal” en la que se realizan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente de la comisión, Jorge Andrés López Espinosa, detalló que actualmente son tres acciones de inconstitucionalidad las que han resultado favorables y dos más que se encuentran en trámite.
De acuerdo con Luis González Lozano dichas acciones son un mecanismo previsto en la Constitución para regular cuando existe una norma que va más allá de los derechos humanos.
En ese sentido, detalló que la primera de las acciones corresponde al decreto 949 que reformó el artículo 143 del Código Penal y el artículo 72 de la Ley de Tránsito que consideraban como delito el uso de celular al conducir vehículos y que desde hace unos días quedó sin efecto.
“El efecto de esta sentencia es la inaplicación de la norma, hay que recordar que no es la problemática que se utilice el celular cuando se está conduciendo si no la forma en que se redactó, porque el tipo penal además de que era excesivo, pudiera permitir, por poner un ejemplo, que yo fuera conduciendo checando mi iPad y eso no me sancionaba, pero si me sancionaba el estar llamando por teléfono, ambos son distractores, ese fue el alcance que nosotros planteamos y que se validó”, dijo.
Una acción más fue en contra del costo de reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública que gracias a estas medidas tendrán un costo similar al de una copia fotostática.
“Planteaban un costo excesivo en la reproducción de documentos cuando eran solicitados por medio de transparencia, qué significa, que una forma pareciera de inhibir el ejercicio del derecho a la información pública se hacía con un costo elevado en las copias certificadas, el municipio de SLP en la administración pasada fijo un costo de setenta y tantos pesos por cada foja, lo que era muy caro, esto se traduce como una forma de inhibir ese derecho humano y el efecto de la corte fue establecer que el costo debe ser adecuado a lo que cuesta una copia fotostática”, explicó.
La tercera tiene que ver con los artículos 11 y 40 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado y municipios de San Luis Potosí, donde los diputados no realizaban las consultas necesarias a este sector de la población al momento de legislar en este tema.
Así lo externó Catalina Torres Cuevas, quien señaló que ahora la ciudadanía puede exigir a la actual legislatura una Ley de Consulta para las personas con Discapacidad.
“Ya no es posible que haya una modificación a una ley, lo vemos a cada rato, los legisladores le cambian, le ponen, le quitan, a ellos les parece correcto pero nunca preguntan a las personas con capacidad, que necesitan, que te hace falta, esta acción de inconstitucional tiene como consecuencia que todos los legisladores tienen que consultar o no es válido”, añadió.
Actualmente dos más se encuentran en trámite y son acciones en contra de la Ley de Asistencia Social y una más en contra del decreto 726 que reforma el capítulo V de “Delitos cometidos contra servidores públicos o agentes de autoridad en ejercicio de funciones y el artículo 277 del código penal.
Finalmente, López Espinosa destacó que este tipo de trámites se realizan de manera gratuita puesto que en anteriores administraciones se realizaban con un costo monetario.
Por: José Luis Vázquez