- Francisco García Cabeza de Vaca propone asistencia técnica del Buró Federal de Investigaciones de EU en la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales
Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sugirió al fiscal que lleva el caso de las “ejecuciones extrajudiciales” de ocho personas registradas el 5 de septiembre, en Nuevo Laredo, que solicite asistencia técnica del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, “para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”.
El titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, pidió que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que atraiga el caso y no el FBI como plantea el gobernador, porque esa entidad extranjera no tendría por qué investigarlo.
Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas suspendió a los uniformados que participaron en el enfrentamiento.
Denuncian ejecución extraoficial de ocho personas en Tamaulipas
El 5 de septiembre, elementos de esta corporación participaron en una balacera en la que ocho personas perdieron la vida. Los policías dijeron que hacían un recorrido de vigilancia cuando detectaron una camioneta negra, sin placas, desde la cual les empezaron a disparar, detalló la Secretaría de Seguridad estatal en un comunicado.
Y aunque al inicio se informó que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados y oficiales, Raymundo Ramos declaró que fue una ejecución extrajudicial con base en versiones de testigos, familiares de las víctimas y el chofer de una grúa, así como con un video de los hechos que prueba que los abatidos no forman parte de la delincuencia.
Esa versión incluso apunta a que los policías involucrados habrían sacado a las víctimas de sus casas y vestido con uniformes militares para luego asesinarlas con el fin de simular un enfrentamiento.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el supuesto montaje “va en contra de la política de defensa de derechos humanos” del Gobierno federal.