Estados Unidos es responsable de muerte de civiles afganos: ONU
- La UNAMA confirma en un informe que Washington lideró un ataque aéreo contra un laboratorio de drogas en la provincia de Farah que causó el deceso de 30 personas
ONU.- La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó hoy la responsabilidad de Estados Unidos en la muerte de 30 civiles, incluidos 14 niños y cinco mujeres, en un ataque aéreo contra un laboratorio de drogas en la occidental provincia afgana de Farah en mayo.
En un informe sobre las conclusiones de su investigación del ataque en Farah del pasado 5 de mayo, la agencia de las Naciones Unidas reveló que no hay duda de que los ataques aéreos estadounidenses contra presuntos laboratorios de drogas de la insurgencia talibán mataron al menos a 30 civiles.
De acuerdo con la investigación, realizada por un equipo de expertos de la UNAMA, los ataques afectaron más de 60 sitios, que las fuerzas estadunidenses y afganas identificaron como instalaciones de producción de drogas en las provincias occidentales de Farah y Nimroz.
«Los bombardeos violaron el derecho internacional humanitario ya que las víctimas no eran combatientes», destacó el reporte, tras confirmar que hubo al menos 30 muertes entre las 39 víctimas civiles, 14 de ellas niños y cinco mujeres.
Aunque antes se habían producido ataques aéreos contra supuestas instalaciones de procesamiento de drogas, esta fue la primera vez que la UNAMA recibió informes de una gran cantidad de víctimas civiles como resultado de tal operación.
«La ONU entiende que de acuerdo con la política de Estados Unidos, los objetos económicos que contribuyen al esfuerzo de guerra de una parte en un conflicto se consideran objetivos militares legítimos», se señaló en la investigación.
Sin embargo, «de acuerdo con el derecho internacional humanitario, incluido el derecho internacional consuetudinario, las instalaciones que contribuyen económica o financieramente al esfuerzo de guerra se consideran objetivos civiles», apuntó.
El informe, producido conjuntamente con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, concluye que «las instalaciones de drogas y los trabajadores asociados no pueden ser legalmente objeto de ataque y deben protegerse».
«Las Naciones Unidas sostienen que considerar estos objetos y personas como objetivos legítimos erosiona peligrosamente el principio fundamental de distinción, poniendo en riesgo a la población y la infraestructura civil en general», subrayó.
Al final, el informe establece una serie de recomendaciones, que incluyen que la respuesta apropiada y legal a la actividad de drogas ilícitas es a través de la aplicación de la ley, no de operaciones militares que ponen en peligro a los civiles.
