Roma.- El Tribunal de Apelación de Roma condenó este día en ausencia a cadena perpetua a 24 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, operación represiva en América Latina durante las décadas de 1960-1970.
Entre los sentenciados figuran 14 uruguayos, entre ellos el exmilitar Jorge Nestor Tróccoli, el único que estuvo en el proceso, ya que reside en libertad en Italia desde que escapó de la justicia de su país en 2007, así como el excanciller Juan Carlos Blanco, el excoronel Pedro Mato Narbondo y el excapitán José Ricardo Arab.
Completan la lista el exteniente Ricardo Eliseo Chávez, el militar José Horacio Gavvazo Pereira, el marino Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
De Chile fueron sentenciados los exmilitares Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Así como los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
El Tribunal de Apelación de Roma modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había sentenciado a cadena perpetua sólo a ocho personas y a 19 imputados los había absuelto por haber prescrito los delitos, según el diario italiano La Repubblica.
El pasado 18 de marzo, la Fiscalía de Roma pidió reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las dictaduras militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
El proceso se llevó a cabo luego que hace 20 años familiares de desaparecidos durante las dictaduras de América del Sur denunciaron sus casos en Roma, un año después de que se ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.
La Operación Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, para capturar, detener y asesinar a opositores.
Según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, el plan produjo al menos 30 mil desaparecidos, 50 mil asesinados y 400 mil personas encarceladas en operativos conjuntos de los militares de las naciones involucradas.