SLP.- Este lunes, el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, aseguró tener información de al menos siete diputados que piden «moches» a sus asesores, entre ellos Mario Lárraga Delgado.
Esto luego de que la semana pasada se diera a conocer el caso de un ex asesor de la morenista, Alejandra Valdés Martínez, quien fue ya fue denunciada ante la Fiscalia General del Estado de San Luis Potosí por supuestamente exigir parte de su sueldo en al menos tres ocasiones.
«Nosotros ahorita gente que se ha acercado con nosotros, y los daremos a conocer en su momento, llevamos 7 diputados de gente que nos está mencionando que es lo mismo, un solo diputado tiene hasta 3 o 4 casos parecidos… Ahí van de todos, vienen del PAN, del PRI, de Morena, de este señor Larraga, hay varios que traemos denuncias fuertes», dijo.
En ese sentido, integrantes de la organización exigieron a la legisladora que solicite licencia a su cargo mientras se realiza la investigación correspondiente a estos hechos.
Por ende indicaron: «Al existir una denuncia penal en la Fiscalia Anticorrupción donde se configuran varios delitos, exigimos que la diputada, Alejandra Valdés Martínez solicite de inmediato licencia a su cargo mientras se realice la investigación de ley y así evitar que se desde su pocision se pueda influenciar y presionar para quedar impune».
En el mismo tema, también señalaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Edson Quintanar Sánchez por tener conocimiento de ello y encubrir estos hechos; y a la presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Sonia Mendoza Díaz, por solapar estos casos.
«Por ahí, Sonia Mendoza daba unas declaraciones donde decía que ella no veía mal que hubiera moches con los asesores, si ya una diputada que preside la mesa directiva no ve corrupción en esos casos, quiere decir que este congreso sta verdaderamente podrido, pensábamos que iba a ver una postura fuerte de detener estos abusos», comentó González Covarrubias.
Finalmente, tambien exigieron que se elimine el 80% del gasto que se destina al pago de honorarios que creció de 1.8 millones en junio del 2018 a 3.5 millones de pesos en junio de 2019; además, también piden que el 20% del personal que quedé contratado como asesor o de apoyo en el Congreso cuente con una reglamentación que regule el perfil académico y las actividades que deben cumplir, así como un tabulador correcto y transparente.